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PRENSA

CIBERPATRULLAJE Y LA DOBLE MORAL
Ciberpatrullaje

Nota publicada en el diario El Cordillerano el 11-04-20.

Se desató el escándalo, otra vez más. La bomba la tiró la ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic, cuando dijo que el gobierno estaba haciendo ciberpatrullaje para ver el humor social de la población.

Se desató el escándalo, otra vez más. La bomba la tiró la ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic, cuando dijo que el gobierno estaba haciendo ciberpatrullaje para ver el humor social de la población.

“Nos ha permitido trabajar sobre alertas tempranas para prevenir diversas situaciones. No es ciberespionaje, es ciberpatrullaje. Se hace un rastreo por lo que es público en las redes. Twitter, Facebook e Instagram tienen muchas cuentas que tienen faceta pública y otra privada. Las fuerzas federales solo acceden a lo que es público y eso permite anticiparse a una dimensión del humor social, no a todo”, dijo la ministra.

Esté escándalo tiene dos aristas. La primera es legal.

El Estado tiene en su poder las facultades de prevenir y reprimir el delito. Pero veamos con más detenimiento el asunto.

La actividad llamada ciberpatrullaje, pónganle el nombre que quieran porque lo único importante es la realidad, consiste en rastrear la información pública que está en las redes sociales y como dijo la Ministra alertar para prevenir diversas situaciones. ¿Qué situaciones? Si las alertas tienen que ver con cuestiones sociales, supongamos medir la situación alimentaria de poblaciones de baja renta, no veo nada ilegal en esa actividad.

La información está en las redes sociales, es pública, y si se utiliza para un fin determinado, cumpliendo las normas legales de protección de datos personales no hay nada ilegal. Brindamos información constantemente a las empresas privadas y al estado. Uno debe suponer que se usa, no considerar esa posibilidad es de una ingenuidad enorme.

Ahora pensemos que las cuestiones a la que la Ministra hacía referencia, se refieren a la prevención de delitos. Acá podemos subdividir el asunto.

Si efectivamente la información es pública, no importa que esté en redes sociales, el estado puede verla, del mismo modo que puedo acceder ver yo, usted o quién quiera. (Dejemos de lado los metadatos de la publicación, que merecen un análisis más profundo). Compartir información públicamente es una decisión personal y con consecuencias específicas, la más evidente es la pérdida total de la privacidad.

Si la información es privada solo se podrá acceder con orden judicial previa. Creo que en eso habrá coincidencias.

La Ministra hizo una analogía con el patrullero o el policía que vigila la plaza, la manzana o el barrio. Esa ejemplificación no es buena, porque el ecosistema digital es muy diferente al del mundo real. Pero me gustaría usar el ejemplo de la videovigilancia, y eso nos mete de lleno en la segunda arista de este tema.

Una red social es un espacio público donde se puede interactuar, como lo es una calle, una plaza o cualquier espacio de la ciudad. El simple hecho de saber que me están filmando y controlando condiciona mi comportamiento, eso es verdad. El extremo de ese intolerable control en espacios públicos es el reconocimiento facial que el partido político de Mauricio Macri utiliza en la ciudad de Buenos Aires y cuyos peligros ya alertamos. Por eso, llama la atención que sean los participantes de Juntos por el Cambio los que critiquen justamente el ciberpatrullaje.

Pero esta doble moral no es solo política, sino ideológica de toda la ciudadanía.

La discusión que nos estamos debiendo es si queremos la intervención del estado en nuestras libertades o no. No es lógica la contradicción de querer un estado intervencionista en la vida real, y escandalizarnos por su intromisión en la vida digital.

Un análisis sobre el ciberpatrullaje tiene sus aristas legales, sin dudas. Pero mucho más importante es abrir el debate moral y definir de una buena vez si vamos a permitir que el estado intervenga en muchas de nuestras libertades.


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